Sts 676 2020, Eleven De Diciembre De 2020 Jurisprudencia Vlex 855855437

A partir de dicha doctrina, lo cierto es que el recurrente no llega a identificar ningún periodo de tiempo concreto durante el cual el procedimiento hubiese estado paralizado o detenido, más allá de sus referencias al interregno transcurrido entre la fecha del dictado del auto de apertura de juicio oral (30 de marzo de 2016) y el momento en el que las actuaciones resultaron remitidas al órgano competente para su enjuiciamiento (16 de agosto de 2017), debiendo tenerse en cuenta, en explicit en este aspecto, que eran nueve los acusados en el procedimiento. Desde la incoación de las diligencias previas (18 de octubre de 2013), –no ya desde la imputación formal a cualquiera de los acusados– y hasta la celebración del juicio oral (mayo de 2018), no habían transcurrido aún los referidos cinco años que sirven como parámetro, genérico o aproximativo, para la aplicación de la circunstancia atenuante o, en definitiva, a la eventual vulneración del derecho a la celebración del juicio en un tiempo razonable. Por otro lado, a nuestro parecer, el tiempo invertido en la redacción de la sentencia (desde la finalización del juicio a mediados del mes de mayo hasta el siguiente día 16 de octubre de 2018), si no breve, no puede considerarse tampoco llanamente desproporcionado o excesivo, tomando en consideración las circunstancias del supuesto enjuiciado, el número de acusados y la densidad de lo resuelto. Frente a todo ello, ninguna de las alegaciones de la recurrente vienen a poner de manifiesto error en la valoración probatoria resultante de ninguna clase de documento literosuficiente, no contradicho por otros elementos probatorios; ni, en definitiva, vulneración del derecho basic a la presunción de inocencia del acusado, por lo que igualmente, el motivo de impugnación, y con él la totalidad de este recurso, deben ser desestimados. En este sentido, el fundamento jurídico noveno de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial, explica cumplidamente que la prueba que vincula a Luis Antonio con la sustancia intervenida en el trastero-garaje (1162,18 g de anfetaminas) viene constituida, fundamentalmente, por el resultado de las intervenciones telefónicas practicadas y por las actuaciones de vigilancia y seguimiento efectuadas por los agentes de la Policía Nacional que depusieron como testigos en el acto del juicio oral.

NUM009, ambos de Alicante, habida cuenta del tiempo transcurrido entre que se vió introducir la mochila en el segundo de los referidos inmuebles y el momento en el que la sustancia se intervino en el primero. En el desarrollo de esta queja, explica la recurrente que lo que, en realidad, considera vulnerado es el artículo 21.2 del Código Penal (haber actuado el culpable a causa de su grave adicción a las sustancias mencionadas en el número 2º del artículo anterior). Observa al respecto que obra en las actuaciones un informe en el que se diagnostica al acusado como paciente de un trastorno por abuso/dependencia de tóxicos (folios 108 y 109 del rollo de sala) y de ello, según el acusado afirma, se desprende que al tiempo de cometer el delito que se le imputa se hallaría actuando a causa de esa grave adicción, que habría producido, además, el efecto de deteriorar sus ordinarias capacidades cognitivas y volitivas. Destaca el recurrente, a partir del informe al que se refiere, que el acusado se habría iniciado en el consumo de cannabis, aproximadamente a los 20 años, consumiendo unos años más tarde anfetaminas, hábito en el que ha permanecido desde entonces, todo ello conforme el propio acusado relataba, siendo lo cierto que no ha tenido experiencia alguna de ingresos en urgencias que pudieran evidenciar efectos secundarios adversos derivados del consumo de drogas. Vuelve a reproducir en este motivo la recurrente, la cuestión relativa a que trató de aportar el acusado, aunque le fue rechazado por el tribunal, un documento expresivo de su situación con respecto al consumo de drogas en el que, se afirma, que venían a confirmarse “los extremos expuestos por el médico forense”, quien ratificó su informe médico-legal en el acto del plenario. Sin embargo, en el desarrollo de este motivo de queja, se aparta resueltamente el recurrente del relato de hechos probados que se contiene en la resolución impugnada y, en realidad, se limita a subrayar que, de estimarse cualquiera de los motivos de impugnación anteriores, no podría considerarse acreditada la participación en los hechos que se le imputan del acusado Juan Carlos y, en consecuencia, los preceptos penales aplicados lo habrían sido de forma incorrecta o indebida.

• Ordinariamente el interesado en el registro es el imputado, pues el resultado del registro va a afectar a su defensa, aunque no siempre tiene que ser necesariamente el imputado la persona presente en el registro judicialmente autorizado.
• En su primer motivo de impugnación, formulado al amparo de lo establecido en el artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denuncia el recurrente, una vez más, la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones, contemplado en el artículo 18.three de la Constitución española.
• Lo cierto es que las sustancias intervenidas se custodiaron en las dependencias policiales hasta su traslado al centro que debería analizarlas, sin que resulte particularmente indispensable conocer la identidad del funcionario (que en atención a los necesarios turnos, evidentemente no sería uno solo) que se encargaban de su vigilancia durante este tiempo.

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Sirva añadir ahora que no acaba de comprenderse qué documento, pretendidamente literosuficiente y no contradicho por ningún otro elemento probatorio, vendría aquí a acreditar el error en la valoración de la prueba denunciado. Así, argumenta quien ahora recurre que en el fundamento jurídico noveno, letra b), de la sentencia impugnada se realizan una serie de referencias a Luis Antonio, en relación con el tráfico de sustancias anabolizantes que también eran objeto de este procedimiento, aunque con relación a acusados distintos, siendo lo cierto que el Ministerio Fiscal no formulaba acusación alguna contra Luis Antonio por la comisión de estos hechos. Por lo que respecta a los autos que autorizaron las intervenciones telefónicas, haciendo el recurrente como es lógico specific hincapié en el dictado con fecha 23 de octubre de 2013, que es el que concierne a las líneas que el mismo utilizaba, se limita a reproducir también en lo sustancial las quejas ya analizadas con relación al recurso sostenido por Carlos Antonio, al punto que entiende quien ahora recurre que la nulidad de la segunda de las resoluciones arranca o trae causa de la primera, insistiendo muy especialmente en la falta de indicios que pudieran justificar la injerencia del derecho elementary protegido en el artículo 18 .three de la Constitución española. Lo cierto es que las sustancias intervenidas se custodiaron en las dependencias policiales hasta su traslado al centro que debería analizarlas, sin que resulte particularmente indispensable conocer la identidad del funcionario (que en atención a los necesarios turnos, evidentemente no sería uno solo) que se encargaban de su vigilancia durante este tiempo. Lo cierto es también que las sustancias intervenidas aparecen convenientemente descritas en los respectivos oficios, como lo está también la entrega de las mismas, por el funcionario policial correspondiente, y la recepción de aquellas en el laboratorio para la práctica de los análisis periciales, señalándose, en este caso sí, la concreta identidad de las personas que llevaron a cabo dichas funciones. Importa señalar, incluso, que en la diligencia de entrada y registro se hace efectivamente referencia a la intervención, en una mochila negra, de 25 bolsas individuales, pero también se alude a otra (que a su vez contenía dos), siendo que en el inside de todas ellas se observa la presencia del referido polvo amarillento.

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Asumiendo, en sustancia, esos mismos hitos temporales, considera, sin embargo, que la causa period compleja y dio lugar a múltiples diligencias de investigación (que no refiere en concreto) así como en atención al elevado número de encausados (nueve), a lo que debe añadirse que “hubieron de librarse requisitorias de búsqueda de algunos acusados y las consiguientes rebeldías”. Argumenta el recurrente que no asistió, en consecuencia, la razón a la Audiencia Provincial cuando resolvió rechazar dichas renuncias, ordenando al Letrado continuar en la sala, aduciendo que la mencionada renuncia había sido efectuada cuando ya no resultaba factible sustituir al director técnico de la defensa, de tal modo que la decisión provocaba indefectiblemente la suspensión del juicio, de particular complejidad y al que se hallaban ya citados, además naturalmente de los nueve acusados, cuarenta y cuatro testigos, intérpretes y peritos. Viene a razonar, en síntesis, la parte quejosa que la condena de Juan Carlos descansa en la interpretación realizada por el órgano jurisdiccional de las conversaciones telefónicas intervenidas en las líneas utilizadas por Carlos Antonio, viniendo a concluir que fue Juan Carlos quien definitivamente trasladó la sustancias hasta el trastero-garaje donde fueron halladas, tras la correspondiente entrada y registro, por las fuerzas policiales. Sin embargo, destaca el recurrente que dicho traslado habría tenido lugar el pasado día 13 de noviembre de 2013, no siendo hasta el 9 de diciembre que las sustancias fueron halladas como consecuencia de la mencionada entrada y registro, sin que pueda asegurarse, –razona–, al no haberse establecido una vigilancia continua sobre dicho emplazamiento, que las sustancias transportadas por él fueran las mismas que después se hallaron. Argumenta también el recurrente que si Juan Carlos, en compañía de Carlos Antonio, fue visto el día 13 de noviembre de 2013, en las inmediaciones del tan mencionado trastero-garaje, bien pudo en ese momento interceptarse la mochila que portaba. No se hizo así y no podría ahora “suponerse” que el contenido de la misma, cuando él la portaba, es idéntico al que tenía cuando fue hallada al practicarse la diligencia de entrada y registro.

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La drostanolona ha ganado una gran popularidad debido a sus propiedades para no afectar la acumulación de líquido y un resultado diurético bastante moderado, lo que le permite lograr un excelente alivio muscular. De conformidad con el art. 901 LECrim, las costas se declararán de oficio en caso de estimación del recurso y se impondrán a la parte recurrente en caso de desestimación. Lo cierto es, sin embargo, que no puede compartirse el razonamiento del recurrente en el sentido de que si la totalidad de la droga intervenida “no pertenecían en exclusiva a Carlos Antonio, entonces como poco pertenecería por mitad a cada uno de ellos, con dos mitades claramente diferenciadas, por lo que no estaríamos hablando de 1662,18 gramos en complete, todo de los dos solidariamente, sino de 1662,18 gramos en complete, mancomunadamente, la mitad de cada uno de ellos”.

Por otro lado, el artículo 588 bis c, exige que la injerencia se adopte mediante auto judicial motivado e incluso refiere el contenido exigible a ese esfuerzo argumentativo que se predica de toda restricción de derechos fundamentales. Así en el artículo 588 bis a) se regulan los principios rectores de toda intervención en las comunicaciones señalando, entre otros principios, que toda intervención debe estar sujeta, entre otros, al principio de especialidad, que “exige que una medida esté relacionada con la investigación de un delito concreto”. Añade el citado precepto que “no podrán autorizarse medidas de investigación tecnológica que tengan por objeto prevenir o descubrir delitos o despejar sospechas sin base objetiva”. Motivo séptimo.- Por infracción de precepto constitucional, artwork Folistatina 344 – 1mg – BIO PÉPTIDO comprar farmacia. 852 de la LEcrim., al amparo del articulo 5.four de la LOPJ., y articulo 24 CE, vulneración del principio acusatorio. Por el recurrente, no se pone de relieve dato alguno, razonable, tal y como exige la Jurisprudencia, para entender que los efectos que se ocuparon en la vivienda del acusado, no son los mismos que se analizaron, o que se han producido alteraciones, manipulaciones o sustituciones, intencionadas o descuidadas, por parte de los agentes encargados de la custodia de la sustancia estupefaciente, por lo que no existiendo sospecha alguna de que lo que se analizó no es justamente lo ocupado y que ha sufrido alteraciones, no podemos hablar de ruptura de la cadena de custodia de la droga incautada”.

Para concluir su recurso, invoca la parte quejosa, con base en las previsiones contenidas en el artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Legal, que debió reputarse acreditada la circunstancia atenuante contemplada en el artículo 21.2 del Código Penal, explicando que el acusado, para el caso de que se considerase acreditada la comisión de los hechos que se le imputan, habría actuado como consecuencia de su grave adicción al consumo de drogas, invocando para justificarlo la primera declaración del mismo en la que sostuvo que se había comprometido a transportar la mochila, conociendo su contenido, a cambio de una dosis de “velocity” que le habría prometido Carlos Antonio. De este modo, consiste ahora nuestra función en determinar si la valoración probatoria efectuada en la resolución que aquí se impugna, respecto del acusado Luis Antonio, se sujeta a criterios de racionalidad, suficientemente explicitados, a partir del resultado de la prueba practicada en el acto del juicio ante el órgano competente para el enjuiciamiento. Establece la ley procesal el momento idóneo para proponer los medios probatorios y, de esta manera, proscribe también la posibilidad de que en el curso del procedimiento puedan cualquiera de las partes realizar propuestas novedosas o distintas que, por alguna imprecisa razón, hubieran omitido antes.

Al amparo de lo establecido en el artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Felony, denuncia el recurrente la existencia de un error en la valoración de la prueba que asegura basado en documentos, obrantes en autos, que evidencian la equivocación del juzgador, sin resultar contradichos por otros elementos probatorios. Nuevamente al amparo de lo prevenido en el artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Felony, considera quien recurre que la sentencia impugnada habría vulnerado su derecho al secreto de las comunicaciones contenido en el artículo 18.3 de la Constitución española, interesando se declare la nulidad del auto de fecha 18 de octubre de 2.013 y de los posteriores de fechas 23 y 30 del mismo mes y año. Sirva añadir, como colofón a todo lo anterior, que la circunstancia de que el artículo 553.4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial determine la corrección disciplinaria de los Abogados cuando renuncien injustificadamente a la defensa dentro de los siete días anteriores a la celebración del juicio, no comporta, frente a lo que parece haber entendido el recurrente, que cualquier renuncia, igualmente injustificada, producida con inmediata anterioridad a ese término (siete días) deba encontrar acomodo o respaldo en el mencionado precepto, por más que comporte indefectiblemente la suspensión del juicio. Notificada en forma la anterior resolución a las partes personadas, se preparó recurso de casación por las representaciones legales de los acusados Carlos Antonio, Luis Antonio, Juan Carlos y Benigno, y por el MINISTERIO PÚBLICO, se tuvieron por anunciados, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose los recursos.